La política energética colombiana ha registrado grandes transformaciones en los últimos cinco años. En 1999 se redujo la participación del Estado en la inversión y producción bajo los contratos de asociación de 50% a 30%. Un año más tarde se modificó el esquema de regalías de un monto fijo de 20% a uno variable entre 5% y 25% en función de la producción. En 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargada de promover y administrar los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Aunque es muy pronto para evaluar los resultados de estas reformas, es pertinente señalar que las grandes tendencias de la inversión privada en el sector energético dependen críticamente del marco regulatorio y tributario, por encima de otros factores como la seguridad y los precios. Con la aprobación automática del monto global del Presupuesto General de la Nación por $93,1 billones, sin que hubiera mediado un adecuado debate parlamentario, los gastos del gobierno nacional crecerán 15,4% el próximo año. Con este nivel de gasto, el déficit del gobierno central ascendería a 6,6% del PIB, un punto porcentual por encima de su nivel actual. La distribución de los recursos del presupuesto es una prueba de los problemas de inflexibilidad que afectan las finanzas públicas. Además de los problemas estructurales de las finanzas públicas, preocupa el incremento en los gastos discrecionales en funcionamiento e inversión, que aumentan 7% y 15%, respectivamente. Por su parte, el crecimiento de la inversión se explica en buena parte por los pagos que debe realizar el gobierno central a la banca pública tenedora de los bonos emitidos por Fogafín.