La Ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones han introducido una serie de cambios en el sistema de seguridad social colombiano. En particular, se realizó el tránsito de un sistema pensional público de prestación definida a uno que incluye un sistema de contribución definida operado por el sector privado, con el fin de aliviar las presiones fiscales que representaba el pago de pensiones para el Estado en el anterior esquema. El sistema de prestación definida, que operaba como un programa de beneficios en una base pay-as-you-go, se caracterizaba por tener tasas bajas de contribución y un modesto volumen de reservas. Esta situación implicaba grandes déficits presupuestarios, los cuales generalmente eran financiados por el Gobierno Nacional (Rudolph et al, 2007). A partir de la reforma implementada en 1993, opera un régimen dual en el que compiten el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto del Seguro Social (ISS) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).