"Es bien sabido que toda sociedad da origen a un sistema legal respaldado por la capacidad coactiva de quienes ejercen el poder. Este sistema pretende regular y ordenar el ejercicio de aquellos deberes y derechos que reconocen las autoridades políticas de la sociedad, y establece sanciones para las transgresiones a los mismos. El sistema legal es excluyente ya que sólo concede prerrogativas a las acciones tramitadas conforme a sus reglas. En este estudio se busca explorar algunas consecuencias socio-económicas que recaen sobre aquellas colectividades urbanas o aquellos ciudadanos que buscan conseguir terrenos donde vivir por medios reprobados por la Ley. Se trata del caso de esos miles y aún cientos de miles de habitantes pobres que viven en los barrios o urbanizaciones ilegales de los centros urbanos latinoamericanos. Estos asentamientos urbanos de gentes de bajos ingresos surgen sin planificación estatal alguna, y se ubican a menudo en áreas periféricas de la ciudad desprovistas de servicios públicos. Sus casas, frecuentemente a medio construir, con materiales provisionales y aun de desecho, tienen una apariencia poco estética. Un barrio es ilegal cuando nace sin cumplir ciertos requisitos estatales sobre la constitución de nuevas urbanizaciones. Dada esta definición, e conviene distinguir dos tipos de barrios ilegales, los piratas y los de invasión. Barrios piratas son aquellos donde sus moradores han hecho una transacción de compra-venta con respecto a los lotes que ocupan. Barrios de invasión, por el contrario, son aquellos que surgen de la ocupación de hecho de un predio ajeno, público o privado. En las grandes ciudades latinoamericanas aparentemente predomina el fenómeno de los barrios de invasión. Al menos, sobre él se ha centrado la atención de los estudiosos del tema."