El financiamiento pleno de las campañas políticas no parece estar en línea con lo que sucede en la experiencia internacional. Además, la propuesta de financiar los gastos de las elecciones de 2018 y 2019, que incluyen elecciones al Congreso, Presidencia, y locales, llevarían a unos gastos que podrían ascender a $5,15 billones si se sinceran los gastos de campaña. En el escenario fiscal actual estas cifras pueden ser prohibitivas. Finalmente, modificar la financiación electoral sin considerar los factores que explican el elevado gasto, puede terminar aumentando el gasto promedio por encima del tope de las campañas sin lograr reducir los aportes propios y de donaciones en efectivo o través de fundaciones, (que se podrían dar de forma ilegal). Frente a la ausencia de una institución que haga control efectivo a los partidos políticos y al gasto de las campañas, por su falta de capacidad técnica y de autonomía política para sancionar, la definición de topes podría resultar inocua en la medida en que sigan existiendo gastos ilegales no registrados. En consideración de Fedesarrollo, hay iniciativas y propuestas orientadas a desestimular y controlar malas prácticas en la financiación de las campañas políticas en Colombia.