CIPE

Uno de los principales riesgos en el post-acuerdo con las FARC es que se consoliden redes que suplan los espacios de esta guerrilla (y eventualmente del ELN), por lo cual el aumento del área cultivada, y del número de familias dedicadas a la producción de coca pueden comprometer los beneficios del proceso de paz. En 2016, según el monitoreo que realiza la Oficina de las Naciones Unidos contra la Droga y el Delito (UNODC), en Colombia hubo un incremento frente al año anterior de 52% en el área cultivada. Las dos mediciones sobre el área cultivada de coca en el país, la de UNODC y la del gobierno de los Estados Unidos, muestran tres periodos: un estancamiento del potencial de producción entre 2002 y 2006, una tendencia decreciente en el área cultivada entre 2007 y 2013 -con una reducción que alcanzó el 51%-, y un aumento de 2013 a 2016 cifrado entre 133% y 203%, dependiendo de la fuente. Las opciones para hacer frente a este fenómeno son la erradicación aérea, la erradicación manual, o la interdicción en el tráfico. El documento anexo considera estas alternativas y las normas que ha expedido el gobierno en el desarrollo de la política pública. En el marco del proceso de paz es central la erradicación voluntaria y la sustitución, para lo cual la principal herramienta debería ser la realización de inversiones y el pago de compensaciones en las zonas con mayor pre­sencia de cultivos ilícitos. Sin embargo, es importante aclarar la disponibilidad de recursos presupuestales y resolver los incentivos perversos que se generan con los subsidios a las familias cultivadoras, que se hicieron evidentes en los últimos años. Si estas estrategias no rinden frutos de manera pronta, el país se verá forzado a retornar a instrumentos como la aspersión aérea pese a las consideraciones en contra de esa estrategia que han surgido de las evaluaciones realizadas sobre las experiencias del pasado.