El Acuerdo Final con las FARC estableció en el punto 2.3.4 que se conformaría una Misión Electoral Especial (MEE) para proponer una reforma política con el propósito de lograr mayor autonomía e independencia de la autoridad electoral, modernizar y hacer más transparente el sistema de elecciones y dar mayores garantías para la participación política en condiciones de igualdad. La MEE se conformó con seis integrantes1 y entregó las propuestas de reforma en abril de 2017. Con base en las recomendaciones de la MEE y las discusiones con los Partidos Políticos, el gobierno radicó un proyecto de acto legislativo en el Congreso2 en el marco del Fast-Track, que permite la aprobación de una reforma constitucional en cuatro debates en lugar de los ocho regulares. El proyecto fue radicado el 17 de mayo y tomó casi 6 meses, hasta el 7 de noviembre, para su aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes en su segundo debate. La aprobación en el Senado debe hacerse de forma expedita antes de la terminación del Fast-track el 30 de noviembre. La reforma política discutida en el Congreso presenta algunos avances, pero se desvía de forma significativa de las recomen-daciones de la MEE que en términos generales coincidían con lo que habíamos planteado como deseable en nuestra edición de Economía y Política del mes de marzo pasado: mejorar la capacidad técnica y autonomía política del Consejo Nacional Electoral, y el tránsito a listas cerradas en la elección al Senado. El principal efecto positivo del texto aprobado por la Cámara de Representantes y del que aparecía en la ponencia original de la Comisión Primera del Senado -que era despolitizar la elección de los magistrados del CNE- terminó siendo supri¬mido para la Plenaria. Por su parte, la eliminación durante la discusión en el Congreso del tránsito hacia listas cerradas, así como la presentación de listas por Movimientos Políticos, no sólo van en contra de las recomendaciones de la MEE, sino que afectan la consolidación de los partidos. Sobre el financiamiento de las campañas, los cambios resultantes del texto de ponencia del Senado no dan garantía de mayor transparencia, aunque la rendición de cuentas de los partidos y el registro de la información financiera serían importantes si se lograra tener un CNE autónomo. Por otra parte, con el acto legislativo se tomaron decisiones que benefician de forma inmediata a los actuales congresistas en un periodo pre-electoral mediante mecanismos como la posibilidad de armar listas conjuntas y el transfuguismo, que poco contribuyen al propósito declarado de fortalecer los partidos políticos. En definitiva, el texto de la Plenaria del Senado no es un avance en la transparencia del sistema político.