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La introducción de la doble asesoría como requisito obligatorio a la hora de hacer un traslado pensional busca mejorar la calidad de las decisiones de los afiliados, que muchas veces terminan siendo afectados negativamente al ejercer el derecho de traslado entre regímenes sin evaluar bien las consecuencias. En este trabajo analizamos a través de métodos cuantitativos y cualitativos cuándo un traslado pensional se puede considerar como racional, y encontramos que la introducción de la doble asesoría ha tenido un efecto positivo sobre la racionalidad de los traslados. Por otra parte, el sistema pensional ha venido registrando un incremento exponencial en las demandas de usuarios para poder realizar traslados extratemporales, asociados al pago futuro de subsidios pensionales por parte del Estado, lo que ha incrementado los costos jurídicos del sistema para atender la avalancha de demandas en este sentido. A partir de un análisis jurídico de las demandas existentes, planteamos una estrategia jurídica de defensa del Estado, y la forma en la que los actores del sistema deben actuar de manera coordinada para hacer frente a este tipo de procesos.